Robin Hood y la hipocresia del poder

Luís Candelas

Estos últimos días nos ha llegado la noticia y el correspondiente cruce de opiniones sobre el tema, del acto ocurrido en Andalucía, donde emulando a Robin Hood, una serie de miembros del SAT requisaron alimentos básicos de dos supermercados para llevarlos a un banco de alimentos para la gente necesitada. 

Antes de nada me gustaría poner algunos datos:

1. Según los datos del 2011 la población andaluza es de 8.424.102, de los cuáles en el medio rural se sitúan el  54,92%, es decir,  4.500.000 habitantes.
2. La población desempleada en Andalucía es del 34%, y el paro juvenil se sitúa en el 50%. El mayor nivel de desempleo de Europa y el mismo que Palestina.
3. La extensión terrestre andaluza es de 87.597 km2, y el 90% del territorio andaluz es considerado de ámbito rural.
4. La extensión de tierras de cultivo en Andalucía es 8.000.000 de hectáreas, de las cuáles el 50%, 4.000.000 de hectáreas, está en manos del 2% de propietarios. Los terratenientes, la Junta de Andalucía y el Estado, poseen fincas de cultivo que la mayoría están abandonadas en baldío, con una media de 25.000 hectáreas por finca.
5. El dinero en subvenciones de Europa,  asciende a  1.600.000€ anuales para el campo andaluz, de los que el 80%  se lo quedan el 20% de propietarios.

Esta situación es endémica en Andalucía y se puede remontar a la reconquista, donde la forma de repoblación de este territorio consistió en los donadíos, que los reyes concedían a nobles y Órdenes militares que conquistaban los territorios del sur de Al-Andalus. 

A lo largo de toda la historia contemporánea de nuestro país, podemos observar la gran importancia que el territorio andaluz ha tenido en las diferentes luchas por conseguir una sociedad más justa y más libre: Constitución de Cádiz de 1812, Revolución Gloriosa de 1868, Revolución cantonal durante la  Primera República, ocupaciones de tierras durante la Segunda República y el Frente Popular.

Parece que en esta situación de crisis, a la que nos han llevado los que manejan los hilos de la economía capitalista y neoliberal, algunos sectores del pueblo andaluz, están recuperando los movimientos que les pusieron en la vanguardia de la historia de los siglos XIX y principios del XX.

La acción de denuncia del SAT en dos supermercados andaluces, no es la única que se esté llevando a cabo en este territorio, pues aunque menos difundidas se han producido otras en los últimos meses de este año, como son la ocupación de la finca de Somonte (400) hectáreas, propiedad de la Junta de Andalucía en Córdoba, y la finca de Las Turquillas, en Sevilla, propiedad del Ministerio de Defensa.

Me resulta muy curiosa la contestación del PP a la acción del alcalde de Marinaleda, miembro del SAT y de IU, partido que comparte el poder con el PSOE en Andalucía:

"Un partido de gobierno tiene que dar ejemplo a los ciudadanos y esa es la responsabilidad básica que hay que recordarle un día más a IU para que condene la acción de su diputado y le exija responsabilidades en la asamblea andaluza", dijo el portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso.

Me imagino que dar ejemplo a los ciudadanos, consiste en malgastar inútilmente los fondos públicos, es decir los de todos, en aeropuertos para conejos, en arramblar dinero de las arcas públicas en todo tipo de tramas y chanchullos municipales y autonómicos, en mantener sueldos vitalicios y compensaciones económicas de escándalo para muchos de los culpables de la crisis bancaria, en denegar el acceso a la sanidad a los más desfavorecidos, en mandar a la calle a miles de familias golpeadas por el paro,  y un largo etc,  que todos conocemos.

Parece ser que en el nuevo diccionario político, robar miles de millones no supone ningún mal ejemplo para los ciudadanos, pero repartir alimentos básicos para los que nada tienen es un acto de” lesa majestad”.

Si tanto le preocupa al señor Alfonso Alonso el ejemplo a dar a los ciudadanos, convendría recordarle que el máximo ejemplo en un sistema de democracia formal como la que el defiende es el respeto a la Constitución, y me gustaría recordar aquí un artículo de la nuestra que, como otros muchos,  ni se respeta, ni a ningún político parece preocuparle:

Artículo 47 de la Constitución Española:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Deberíamos retomar el origen del término política, como aquello que afecta a los ciudadanos,  y no con la degeneración que ha sufrido en la práctica, donde la mayor parte de las veces es una profesión orientada al enriquecimiento monetario o de poder en beneficio de quienes lo ejercen y no de la sociedad en su conjunto.

Anubis