Se ha desatado el conflicto -de naturaleza política-, entre determinados Gobiernos regionales y los profesores de la enseñanza pública, pero –seamos sinceros- el problema no está en la inexistencia de un modelo público de enseñanza o que el mismo peligre, sino en los perjuicios en las condiciones laborales de los enseñantes.
Educación pública y de calidad, es una de las principales señas de identidad de las sociedades democráticas, pues las desigualdades entre los miembros de una sociedad se reducen considerablemente cuanto mayor es el grado de calidad de la educación, solo se puede achacar la ocurrencia de reducir el déficit público a costa de sacrificarla, al mal gobierno. La enseñanza pública no puede quedar relegada a una especie de servicio mínimo para los pobres o quienes no tienen otras opciones.
Tal planteamiento se encuentra en las antípodas del pensamiento y la practica de los masones, que patrocinan y defienden desde mediados el siglo XIX el ideal de la enseñanza gratuita y obligatoria; una educación pública universal y gratuita, con calidad y con equidad, bien dotada, como instrumento fundamental para la igualdad de oportunidades, para la cohesión social y para el mejor desarrollo de una sociedad conformada por hombres y mujeres realmente libres.
Es un hecho que la financiación pública no garantiza “per se” la equidad, al igual que la suficiencia de los recursos tampoco asegura la calidad. También es un hecho que la democracia española ha sido incapaz en mas de treinta años de crear un sistema educativo que forme ciudadanos de verdad, seres humanos libres, solidarios y cultos.
El Estado ha desviado enormes cantidades de dinero a la enseñanza privada concertada, en detrimento de la pública, no ha diseñado un modelo educativo racional en una ley duradera. Es cierto que la enseñanza pública cuenta con un equipo de profesores y profesionales y bien pagados, al nivel de Francia y Alemania, países con una renta “per capita” por encima de la nuestra, que dicen que no hay seguridad en las aulas, que su labor no es reconocida -¿Qué pensará un barrendero?-, posiblemente que una parte de ellos no estén ni vocacional ni pedagógicamente a la altura de las circunstancias.
También es cierto, en alguna medida, que los padres hemos hecho dejación de nuestra obligación de educar y trasmitir valores a nuestros hijos: en los hogares no hay adultos -han de trabajar de sol a sol para mantener un nivel de vida-; los niños son educados –socialización de la violencia y la estupidez- por la televisión, los ordenadores y las play station; etc.
Llegado a este punto, considero oportuno recordar un escrito publicado en la revista “Vida masónica”, que se editaba en Madrid en 1931:
“Un hijo no es un ser inferior a nosotros, y que gracias a nosotros se nos hace un igual. Muchas veces es un ser superior que por las limitaciones de su débil cuerpo físico no puede aún manifestarse enteramente, y nosotros estamos obligados a ponerle en condiciones de que se manifieste por completo, es decir que eduzcan todas sus buenas cualidades; en eso consiste la educación ...”
“Haz de él un hombre honrado antes que un hombre hábil. Es decir, antes que hacerlo sabio hazle bueno”.
El artículo pretendía aleccionar a los masones sobre la buena educación de sus hijos, sensibilizándoles para que no descargaran la tarea exclusivamente en las escuelas.
Si queremos una sociedad formada por ciudadanos educados en lugar de por súbditos consumidores, es imprescindible que los padres asuman sus responsabilidad y que el Estado sea capaz de hacer una ley de educación democrática y duradera, que dote de medios a los centros públicos, que anteponga la formación de ciudadanos a la de tecnócratas, que la selección del profesorado se haga de acuerdo a su vocación pedagógica, que se cuente con resortes para no dar por perdido a ningún chaval.
El asunto, entiendo que sigue sin soluciones y con pocas ganas de buscarlas. Una vez mas está de actualidad.
He dicho, Juliano
