domingo, 21 de febrero de 2010

JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA


Si algo caracteriza a la Masonería es su amor por valores éticos como la Justicia, sus profundas convicciones democráticas y sus esfuerzos por conseguir una sociedad más libre, justa y fraterna. Esas mismas convicciones son las que nos llevan a expresar nuestra enorme preocupación por hechos que acontecen en nuestro país y que se encuentran por encima de la consideración que nos pueda merecer la persona que, de manera directa, está sufriendo las consecuencias de una determinada manera de entender la aplicación de la Justicia: la que afirma que todos los seres humanos son iguales ante la Ley. Posición que ha manifestado de forma reiterada tratando de encausar criminales sin importar el lugar de residencia o en el que se habían cometido los crímenes. Es lo que se conoce como el principio de Justicia Universal.

La masonería, los masones, sabemos mucho de persecuciones y de infundios, los hemos padecido con demasiada frecuencia en nuestras propias carnes. A pesar de ello no es el deseo de venganza el que nos mueve, ni en esta ocasión ni en ninguna otra. Se trata, simplemente, de posicionarse en la defensa de unos valores en los que creemos y que, en nuestra opinión, se están conculcando de manera grave.

Si el principio de equidad de la justicia se pierde, si la denuncia inícua es admitida a trámite para destruir, no ya la carrera profesional de una persona, cuestión grave en si misma, sino una determinada manera de entender la aplicación de la Ley en perfecta correspondencia con la Justicia, debemos pensar que nuestra sociedad está enferma, gravemente enferma y que, de alguna manera, se debe poner remedio a ello.

Es hora de que quienes rompieron sus juramentos y se alzaron de manera violenta contra un gobierno democráticamente elegido, la II República española, y sus herederos ideológicos tengan la condena moral que su acción merece. A estas alturas de la historia poco más que esa reparación moral podemos exigir y es este Estado, que se dice demócrata, quien debe encargarse de que esto sea así, por los muertos, por los familiares  de estos y por los que nos consideramos herederos y seguidores de una ideas perseguidas hasta la aniquilación. Creemos que no es mucho pedir un mínimo reconocimiento moral, el mismo que trataba de proporcionar quien ahora es perseguido por los herederos de quienes cometieron la infamia.

¿Nos ufanamos de vivir en una sociedad democrática?, este es el momento de demostrar que eso es así realmente y que las palabras se corresponden con la realidad. 

¿Estamos convencidos de que formamos parte de una sociedad civilizada en la que nadie debe estar por encima de la Justicia?, demostrémolo.

Por el bien de la nación pongamos fin a la iniquidad, exijamos que la aplicación de las leyes no esté contaminada por intereses ajenos a la propia justicia.

En consecuencia, quienes creemos en la democracia y los valores plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debemos ejercitar cuantas acciones sean necesarias para poner fin a este estado de cosas.

Si el poder emana del pueblo, ni tan siquiera la Justicia, su administración, debe estar por encima del pueblo.

He dicho